XII. LA IGLESIA DURANTE LA INDEPENDENCIA Y LA REPÚBLICA
Al examinar el período de la Independencia del Perú, nos encontramos ante un proceso sumamente ambiguo. Por una parte, encontramos razones justificadas para desear el final del dominio español. Viscardo y Guzmán decía en su famosa Carta a los españoles americanos: «Tenemos esencialmente necesidad de un gobierno que esté en medio de nosotros para la distribución de sus beneficios, objeto de la unión social». Por otra parte, algunas de las posturas ideológicas que asumieron los que participaron en las luchas de Independencia no siempre estaban de acuerdo con los principios sociales de la enseñanza cristiana, y, por ende, no tomaban en cuenta todo lo que exige la dignidad del ser humano, ser llamado por Dios a vivir la justicia en el amor. Este era el caso, por ejemplo, de algunas ideologías de corte liberal, que relegaban a un segundo plano la dimensión religiosa del hombre. Incluso había quienes postulaban un rechazo de toda la obra realizada por la Iglesia, considerándola un instrumento político de la monarquía española. Asimismo, había quienes negaban a la Iglesia todo derecho de intervención en la vida pública, reduciendo la fe cristiana a un asunto meramente privado. No faltaban tampoco declaraciones anticlericales, laicistas y a veces declaradamente ateas. Esto se vería claramente, por ejemplo, en el caso de México, donde la masonería virulentamente anticlerical pondría serios obstáculos a la presencia de la Iglesia en la vida de la nación. Teniendo en cuenta esto, se comprenderá la diversidad de actitudes por parte de los obispos del Perú frente al proceso de Independencia. Por un lado tomaron posición a favor de la causa española fray Hipólito Sánchez Rangel, franciscano, obispo de Maynas; José Carrión y Marfil, obispo de Trujillo, y Pedro Gutiérrez de Cos, obispo de Huamanga. Si bien éste último no apoyó la causa de la Independencia, tampoco la condenó, como sí lo hicieron los dos anteriores. Sin embargo, esta neutralidad no impidió que fuera expatriado al igual que los otros dos obispos. Aunque posteriormente se le dio autorización para regresar, no hizo esto nunca efectivo. En cambio, el obispo de Arequipa, José Sebastián de Goyeneche y Barreda, y el obispo del Cuzco, el agustino José Calixto Orihuela, se plegaron abiertamente a la causa de la Patria. Más interesante es el caso del arzobispo de Lima, Bartolomé María de las Heras. Estaba convencido de que debía quedarse en su diócesis para atenderla pastoralmente, sin importar quién gobernara políticamente. Por ello mismo, aunque veía grandes peligros en la causa emancipadora, le manifestó al general San Martín su deseo de mantener relaciones armónicas con el gobierno. Hizo todo lo que pudo por adaptarse a las exigencias del nuevo régimen, sin renunciar a los derechos que tiene la Iglesia en razón de su misión. Sin embargo, cuando el ministro Bernardo Monteagudo le puso exigencias en lo eclesiástico que resultaban inaceptables, se negó aceptarlas, con lo cual se produjo el rompimiento con el régimen. Las Heras debió abandonar el país en noviembre de 1821 y viajar a España. Por parte del clero secular tampoco hubo una actitud uniforme. Hubo también quienes estuvieron a favor de España y en contra de los independentistas, mientras que otros favorecían abiertamente la Independencia del Perú mediante diversas actividades: difundir propaganda recibida de Argentina y Chile; redactar manifiestos y proclamas; hacer de capellanes; ayudar material y moralmente a civiles y militares patriotas; disuadir a los realistas y convencerlos de que debían pasarse a las filas patriotas; auxiliar a los presos del Real Felipe y otras cárceles; crear ambiente propicio a la Independencia. Sin embargo, todo ello se hizo, en la mayoría de los casos, dentro de una línea de conducta y dignidad que iba de acuerdo con el estado sacerdotal, sin intervenir directamente en las acciones de armas. Resulta absurdo hacer aquí una distinción simplista entre buenos y malos, dada la ambigüedad de la causa independentista. Si queremos juzgar con imparcialidad, no podemos condenar a unos y otros por favorecer a tal o cual parte. De hecho, se trataba de una situación incierta y ambigua. Las autoridades representantes del dominio español se hallaban en buenas relaciones con la Iglesia, mientras que el nuevo régimen republicano traía un ambiente de inseguridad, donde militaban a la vez católicos fervientes al lado de personajes de ideas laicistas, indiferentistas y anticlericales, muchos de ellos pertenecientes a logias masónicas que habían sido condenadas por la Santa Sede. De hecho, la Independencia dio paso a una época difícil para la Iglesia, a causa de gobiernos que, poco dispuestos a admitir la importancia de la fe y de la Iglesia en la vida social, pretendieron mantenerla bajo su dominio o simplemente arrinconarla en la sacristía, negándole injerencia en los asuntos públicos del país. Fue un momento de ruptura, donde
la nueva República fue deshaciéndose de las antiguas instituciones
virreinales, frecuentemente sin hacer una adecuada valoración, para
determinar si todavía podían ser útiles o proporcionar
beneficios a la sociedad. Solamente el hecho de tener origen español
descalificaba a estas formas e instituciones. Curiosamente, el Patronato
se mantuvo, puesto que constituía una manera de poder mantener a
la Iglesia en el Perú bajo control y opresión. La Santa Sede,
en este asunto, se encontraba entre la espada y la pared, como veremos
más adelante.
Problemas y dificultades de la Iglesia durante los primeros años de la República La situación de la Iglesia durante los años de la República en el siglo XIX no fue fácil. Varios motivos contribuyeron a originar situaciones donde su desempeño no careció de obstáculos y dificultades. La mayoría de esos factores se sitúan dentro del contexto del rompimiento independentista respecto a España. Muchos obispos y sacerdotes debieron ir forzosamente al exilio, por hallarse identificados con la causa realista, lo cual devino en una insuficiencia de personal eclesiástico para la atención pastoral de los fieles cristianos. Por otra parte, la identificación que algunos representantes del gobierno republicano hacían entre España y la Iglesia creó no pocas dificultades para la presencia pública de la Iglesia en la vida social. Todo ello iba unido frecuentemente a una ideología liberal predominante entre gobernantes e intelectuales del nuevo régimen republicano, que consideraba lo religioso como un asunto exclusivamente privado y, por lo tanto, sin derecho a tener presencia en la vida pública. No olvidemos que la Iglesia siempre ha tenido reparos frente al liberalismo —incluso ha sido condenado en varias encíclicas sociales de nuestro siglo—, porque propicia un individualismo que se olvida fácilmente de la caridad y la solidaridad con los demás y porque exacerba tanto la iniciativa privada, que los más débiles quedan a merced de los más poderosos; además, suele subordinar los valores religiosos a los económicos y políticos. Todo esto llevaba a actitudes de desprecio o subvaloración de todo lo relacionado con la Iglesia y sus representantes. Si bien este anticlericalismo no se plasmó en una persecución abierta y violenta —como fue el caso de México, o como ha ocurrido también frecuentemente en la historia de España—, si creó un clima poco favorable a la labor de la Iglesia. No nos hallamos todavía en la época de la separación de Iglesia y Estado, pero las ideas sostenidas por las élites intelectuales ya estaban preparando el camino, que culminaría en la Constitución Política de 1933, donde el Estado deja de profesarse católico, para declarar únicamente respeto hacia religión católica, por ser la mayoritaria en el país. Si bien el Estado se fue desembarazando de muchas instituciones ligadas a lo hispánico, mantuvo el Patronato, no por afecto a la Iglesia precisamente, sino como medio de control y opresión. La Santa Sede se hallaba ante un serio dilema: conceder el Patronato a gobiernos de corte liberal conllevaba un riesgo bastante elevado para la autonomía de la Iglesia en esos países, además de significar un rompimiento con España, que vería con esa acción de la Santa Sede un reconocimiento por parte de ella de las nuevas Repúblicas surgidas en tierra americana. Por otra parte, la Santa Sede tampoco quería entrar en conflicto con los nuevos gobiernos, por el bien pastoral de los fieles cristianos en esos territorios. Pasarían varios años hasta que Pío IX concediera oficialmente al Perú el Patronato por medio de la bula Praeclara inter beneficia, del año 1874. En la práctica, esto no añadió nada a la forma como se estaba manejando las relaciones entre el Perú y la Santa Sede, puesto que, aunque no reconocido, se habían regido de acuerdo a las normas del Patronato hasta ese entonces. El Perú mantendría este tipo de relación con la Santa Sede hasta el año de 1980, en que se firmó un Acuerdo, bajo el gobierno del General Francisco Morales Bermúdez. En resumen, pasados los años de la Emancipación, la situación no era muy buena. Varias diócesis quedaron sin obispos; la cantidad de sacerdotes era reducida en relación a la cantidad de fieles que debían atender espiritualmente; comenzó a haber escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas; la educación católica era pobre e insuficiente; el ambiente civil se vio dominado por el laicismo, y el liberalismo y la masonería tomaron impulso, fomentando una mentalidad que tendía a prescindir de la Iglesia en la vida pública, relegándola a los templos y la sacristía. A esto hay que añadir el empobrecimiento económico que originó en la Iglesia las guerras de Independencia. Tanto los realistas como los patriotas obtuvieron, ya sea voluntariamente, ya sea a la fuerza, imponiendo contribuciones, los bienes que pertenecían a las diócesis, parroquias e instituciones eclesiales. Incluso los bienes raíces pasaron a otras manos ajenas a la Iglesia. Fue común la confiscación de los bienes pertenecientes a la Iglesia. Las fuerzas armadas de Bolívar, por ejemplo, llegaron a requisar en el Norte del Perú una cantidad de plata equivalente entonces a medio millón de pesos. La guerra con Colombia significó también un número cuantioso de contribuciones obligatorias, a las que se sumó las de otras disposiciones gubernamentales a lo largo del siglo XIX. A cambio, muy poco fue en lo que
el Estado ayudó a la Iglesia. Eso contribuyó a que, junto
al desprecio y burla con que se miraba el ejercicio del sacerdocio, tampoco
resultara muy atractiva una ocupación que no contaba con los medios
adecuados de subsistencia para una vida digna. Si bien el sacerdocio no
tiene una finalidad lucrativa, de hecho merece una remuneración
mínima para la subsistencia digna del candidato. Este fue uno de
los factores que dieron como consecuencia el que muchas parroquias no contaran
con sacerdotes que las atendieran. Esta falta de personal eclesiástico
es uno de los males que se ha arrastrado a lo largo de la vida republicana
del Perú, sin que la situación se haya solucionado del todo
hasta ahora.
La falta de obispos y de atención pastoral suficiente y adecuada Hemos visto cuáles fueron en general las actitudes de los nuevos gobiernos republicanos respecto a la Iglesia. La situación descrita anteriormente dejó al territorio peruano sin obispos que pudieran encargarse de sus diócesis, en una situación que se prolongaría por largos años. Faltando quienes realizaran la labor directiva en las funciones de gobernar espiritualmente, enseñar y santificar por medio de la administración de los sacramentos, no puede decirse que la Iglesia pudiera desarrollarse normalmente durante esta etapa convulsionada. La misma España agravó la situación, puesto que movió influencias en la Santa Sede para que no se nombrase nuevos pastores para las diócesis vacantes. Después de la partida del obispo Las Heras, el deán Francisco Javier Echagüe asumió el gobierno eclesiástico de Lima como Vicario General, no siendo obispo. Todas las demás diócesis se hallaban en la misma situación, bajo la administración de prelados que no habían sido ordenados obispos. Sólo Arequipa y Cuzco estaban gobernadas por sus obispos, Goyeneche y Orihuela. Éste último, sin embargo, ya estaba anciano y enfermo, teniendo que retirarse de su diócesis en 1825 para pasar en Lima los últimos años de su vida. De esta manera, el único obispo en actividad y con pleno uso de sus facultades que quedó en todo el territorio que abarcaba el Perú, parte de Bolivia, Chile y Ecuador, era monseñor Goyeneche. Esta situación duró hasta el año 1834. Podemos decir, pues, que durante este período, iniciado con la Declaración de la Independencia del Perú en el año 1821, la Iglesia tuvo como problemas fundamentales la escasez de obispos; el hecho de las iglesias administradas por eclesiásticos de jurisdicción dudosa, impuestos por el gobierno o elegidos sin autorización por los cabildos eclesiásticos; y, junto con eso, otro mal que se venía arrastrando desde el siglo pasado: la relajación de los religiosos, que buscaban más los beneficios y el provecho que iban unidos a los cargos antes que dar testimonio del Evangelio, además de otros vicios peores. Una de las mayores dificultades de esta época fue la dificultad para encontrar alguna forma de vincularse con Roma, y esto debido a la inestabilidad de los nuevos gobiernos. Luego de muchas gestiones, resultantes de arduos esfuerzos, se consiguió que el 23 de junio de 1834 Gregorio XVI nombrara como obispo de Lima a Jorge Benavente, no sin protestas por parte del gobierno, que aducía que se había ido contra ciertos procedimientos del Patronato, al cual el Estado tenía derecho. En los años siguientes también fueron nombrados obispos para Trujillo (Monseñor Tomás Diéguez, 24 de julio de 1835) y para Chachapoyas (Monseñor José María Arriaga, 7 de setiembre de 1838). De esta manera, se daba inicio al restablecimiento del gobierno pastoral, tan necesario para una buena marcha de la vida católica en el Perú. Sin embargo, no por ello dejaron de faltar fricciones entre Iglesia y Estado, muchas de ellas por motivos insulsos o por simple espíritu de animadversión por parte de los gobernantes civiles. Los nombramientos de obispos resultaron ser en general fuente de tensiones y conflictos. El gobierno español presionaba continuamente para que los asuntos americanos fueran relegados, por lo cual la Santa Sede se veía en la obligación de proceder con prudencia, lo cual demoraba las decisiones. Aun así, Roma veía la necesidad de atender a los fieles católicos de las nuevas naciones americanas y buscaba la manera de saltar por encima de las presiones políticas sin producir enfrentamientos abiertos. En 1853 la Santa Sede reconoció al Perú como Estado independiente, cuando nombró a Agustín Guillermo Charún como obispo de Trujillo. Ya desde 1840 se había solucionado el problema de la sedes episcopales vacantes. Además se creó la diócesis de Chachapoyas, con la antigua región de Maynas. Posteriormente también se agregaron los obispados de Puno (1861) y Huánuco (1866). De esta manera, en el momento de la Guerra del Pacífico, el Perú contaba con las siguientes diócesis: Lima, Arequipa, Cuzco, Trujillo, Huamanga, Chachapoyas, Huánuco y Puno. Sin embargo, este restablecimiento
de la situación eclesiástica no significó necesariamente
una revitalización de la práctica del catolicismo. Los males
que se venían arrastrando desde el siglo anterior se tradujeron
en un ambiente de mediocridad y decaimiento, dónde son pocas las
figuras que resaltan por su adhesión vital a los principios católicos.
El P. Armando Nieto, S.J., describe así la situación: «Parroquias
abandonadas; dispersión y exclaustración de religiosos; irreligiosidad
en muchos de los dirigentes civiles y militares; empobrecimiento de las
iglesias locales; relajación de frenos éticos (la procacidad
de la prensa, la falta de respeto a las personas excedió los límites
del decoro), intromisión del poder civil en asuntos eclesiásticos;
filosofismo racionalista y anticlerical, son algunos de los factores que
afectaron negativamente la marcha de la Iglesia en el Perú».
Anticlericales e intelectuales católicos Si bien no hubo en el Perú grandes herejes, sí hubo autores de poca monta que se dedicaron a criticar creencias y prácticas de la Iglesia. La mayoría de ellos han pasado al olvido y sus ideas carecen de actualidad. Entre ellos, hay cuatro que merecen ser mencionados: Manuel Lorenzo de Vidaurre, Benito Laso, Francisco Javier Mariátegui y Francisco de Paula González Vigil. Manuel Lorenzo de Vidaurre (1773-1841) escribió un Proyecto del Código Eclesiástico donde acumula proposiciones extravagantes de legislación y disciplina eclesiástica, candidatos al episcopado, celibato (y matrimonio) de los clérigos, confesión sacramental, órdenes religiosas. Muchas de estas ideas ya las había desarrollado en su Plan del Perú (1810), donde, junto con observaciones acertadas, mezcla disposiciones absurdas y estrafalarias, que revelan, en el trasfondo, la intención de subordinar los asuntos eclesiásticos al poder del Estado. El mismo Vidaurre se dio cuenta posteriormente de los sinsentidos que había postulado y escribió una insuficiente retractación con el título de Vidaurre contra Vidaurre, obra que fue calificada como herética por el arzobispado. Benito Laso (1783-1862) fue un liberal que atacó a la Iglesia en El Sol del Cuzco y enEl Censor Eclesiástico, y es recordado porque polemizó periodísticamente con Bartolomé Herrera sobre el tema de la soberanía popular. Francisco Javier Mariátegui (1793-1884), fundador de la masonería en el Perú, también se oponía a la autonomía de la Iglesia y se oponía decididamente a que se estableciera un Concordato con la Santa Sede, así como a cualquier medida que significara mayor influencia de la jerarquía eclesiástica y de las órdenes religiosas. Por motivo de haber llegado a ostentar el cargo de Gran Maestre de la masonería, a su muerte hubo un conflicto entre las logias y la autoridad arzobispal, dado que ésta se negaba a darle sepelio cristiano al difunto. No olvidemos que la masonería está marcada en sus orígenes por una actitud anticlerical que se ha manifestado en otros países, como México, en una persecución declarada contra la Iglesia. Francisco de Paula González Vigil (1792-1875), sacerdote, ingresó en la actividad política y adoptó ideas liberales que, a la vez que tendían a una sujeción de la Iglesia al Estado, se plasmaba en una actitud de recelo y crítica frente a la autoridad eclesiástica, incluso la del Papa. Adhiriéndose a posturas racionalistas, poco a poco su fe comenzó a tambalear, llegando a una reinterpretación subjetiva de las enseñanzas cristianas. De esta manera, niega la intervención sobrenatural de Dios en los asuntos humanos (deísmo), se opone al dogma de la Inmaculada Concepción, llega a rechazar la autoridad del Sumo Pontífice y defiende abiertamente las supremacía del poder civil sobre el eclesiástico. El mismo Vigil describe así su evolución ideológica, en un tono optimista: «Desde que vine a la capital de la República, después de conseguida la Independencia, nuevo teatro, nuevas ideas me iban transformando poco a poco. Mi espíritu recorría otros espacios: dejé en libertad mi razón, este inapreciable don de Dios, pensé y vi, medité, me desengañé, y no quise apagar la luz que a muchos serviría». En 1851 el Papa Pío IX introdujo en el Índice, catálogo de obras condenadas por la Iglesia, una que tenía por autor al clérigo peruano. Éste no se retractó, sino, más bien, se reafirmó en su rebeldía y persistió en su actitud antirromana. Cuando murió, el 9 de junio de 1875, se congregaron en su sepelio representantes de grupos contrarios a la Iglesia, entre ellos, de la masonería, cuyos miembros habían estimulado al heterodoxo peruano para que siguiera escribiendo. Como figura destacada del catolicismo decimonónico en el Perú tenemos a Bartolomé Herrera, eclesiástico de indudable calidad intelectual. Fue maestro y rector del Convictorio de San Carlos en los años que van de 1845 a 1851. Fue también parlamentario, ministro de Estado y obispo. Destaca como un eminente pensador y polemista, principalmente a través de la publicación que él mismo fundara en 1855, El Católico. Con una preparación filosófica y teológica sólida, combatió los errores del liberalismo imperante, heredados de la Revolución Francesa, y a la teoría de la soberanía popular opuso lo que él mismo denominó la soberanía de la inteligencia. Herrera fue encargado de preparar el camino para un Concordato, pero las circunstancias políticas locales impidieron que el intento llegara a concretarse. Herrera fue presidente de los parlamentarios encargados de redactar la Constitución de 1860; y, finalmente, fue obispo de Arequipa hasta su fallecimiento, el 10 de agosto de 1864. También se debe mencionar a Mons. José Antonio Roca y Boloña, promotor de la prensa católica, colaborando en publicaciones como El Católico (1855-1860) —fundado por Bartolomé Herrera— y La Sociedad (1870-1880), de Don Pedro Calderón. Junto con Manuel Tovar, fundóEl Progreso Católico, en 1860, y El Bien Público. Esta publicación, aparecida por primera en 1865, dejó de editarse en 1866 debido a un incidente con la autoridad política. Bajo influencias liberales, se promulgó un Reglamento de Policía que prohibía, en uno de sus artículos, que se sacara el Santo Viático por las calles la ciudad, ocasión en que el pueblo fiel, con una vivencia intensa de la piedad eucarística, acompañaba con palio, campanillas y acompañamiento de música al sacerdote que llevaba la comunión a un enfermo El arzobispo Goyeneche hizo oír su protesta ante esta medida por intermedio de Mons. Tordoya, Deán del Cabildo, y el Presidente y Dictador General Mariano Ignacio Prado suprimió el artículo. Sin embargo, la protesta de los redactores de El Bien Público continuó y se hizo extensiva también a otros artículos que iban contra la Iglesia. La respuesta gubernamental fue esta vez el aprisionamiento de Roca y Boloña, Tovar y otros tres párrocos diocesanos que también elevaron su voz de protesta. Embarcados en una nave de guerra en el puerto de El Callao, iban a ser enviados al destierro, cuando el arzobispo Goyeneche intercedió por ellos ante Prado, logrando que se les devolviera la libertad. Pero esto significó el cierre definitivo del periódico católico, cuyo último número lleva fecha del 17 de junio de 1866. Sin embargo, conociendo por estos sucesos la firmeza de Roca y Boloña en la defensa de la fe, el por entonces Presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno, lo propuso para el obispado de Guayaquil, ofrecimiento que él declinó. Realizó junto con su amigo, el diácono Manuel Tovar, un viaje a Roma, donde se entrevistó personalmente con el Papa Pío IX, quien lo nombró prelado doméstico suyo. De regreso al Perú, siguió desempeñando su ministerio sacerdotal. En 1870 le fue confiada la Provisoría de la curia eclesiástica. Durante el gobierno de Manuel Pardo fue designado miembro de la comisión encargada de elaborar el Reglamento General de Instrucción. En el desempeño de este cargo, logró evitar que los bienes del Seminario pasaran a la Caja de la Universidad. Discrepancias con el gobierno y con otros miembros de la comisión lo llevaron finalmente a retirarse de ella. Mons. Roca y Boloña desempeñaría
luego un importa papel durante la Guerra del Pacífico, lo cual mencionaremos
en el lugar adecuado.
Labor de la Iglesia durante la Guerra del Pacífico La guerra con Chile (1879-1883), una de las peores crisis que sufrió el Perú en su historia, fue una ocasión en que la Iglesia en el Perú manifestó su honda preocupación social, no solamente a través de enseñanzas y exhortaciones, sino también mediante ayuda concreta. El entonces arzobispo de Lima, Monseñor Francisco Orueta y Castrillón, en una carta pastoral, dispuso que se había de realizar «una colecta para los gastos de la guerra, en la cual tomarán parte, según sus recursos, todos los curas y sacerdotes de nuestra jurisdicción, que pueden hacerlo; como igualmente las instituciones religiosas y establecimientos piadosos». La nueva Vicaría General del Ejército, dirigida por el presbítero Antonio García, se encargó de enviar capellanes al escenario de las operaciones bélicas. Las ambulancias de la Cruz Roja fueron organizadas por Monseñor José Antonio Roca y Boloña, quien, al frente de este servicio, no vaciló en protestar ante el Comité Internacional de la Cruz Roja en Suiza por el atropello cometido por los soldados chilenos al atacar los hospitales de sangre en la batalla de San Francisco (noviembre de 1879), contraviniendo así el derecho de guerra, consignado en los pactos internacionales sobre hospitales de sangre. Debido a su enérgica denuncia de ésta y de otras injusticias que pisoteaban el respeto debido al vencido, cuando el ejército chileno ocupó Lima (enero de 1881), Mons. Roca y Boloña optó por refugiarse en la serranía para evitar las represalias en su contra. Con la firma del Tratado de Paz de Ancón (20 de octubre de 1883) y el retiro de las tropas chilenas de la capital peruana (enero de 1884) pudo regresar a Lima. Convocado al Congreso Constituyente para aprobar la paz, fue elegido diputado por la capital; partidario de la paz, aun a costa de un doloroso sacrificio, hizo que los ánimos se resignaran a la cesión de territorio peruano que eligió el vencedor. Durante la guerra, aunque muchos de los capellanes realizaron una labor abnegada, incluso algunos de ellos llegando a ser hechos prisioneros o muriendo a causa del furor del enemigo, sus esfuerzos no siempre fueron apreciados por algunos jefes y oficiales del Ejército, adictos a un anticlericalismo de origen liberal. Luego de la ocupación de Lima por los chilenos, muchos sacerdotes prestaron ayuda desinteresadamente en los hospitales de sangre de San Pedro, la Exposición, Santa Sofía, San Bartolomé y otros. Además, acudieron a la isla de San Lorenzo para auxiliar a los prisioneros peruanos que habían sido repatriados por Chile. En las siete parroquias de Lima (del Sagrario, Santa Ana, Huérfanos, Cercado, San Marcelo, San Sebastián y San Lázaro) se siguió prestando ayuda espiritual y sacramental a los fieles, pero, además de esto, unas 60 casas particulares obtuvieron permiso para tener misa en oratorios privados. La política seguida por el
gobierno chileno en los territorios ocupados intentó en 1901 reemplazar
a los curas peruanos por otros de nacionalidad chilena, pero, al no obtener
esto de la Santa Sede, se procedió a la expulsión de los
clérigos peruanos de los territorios de Tacna y Arica. Los sacerdotes
salieron de sus parroquias llevándose consigo a Arequipa los libros
parroquiales. En un momento dado Chile no respetó la jurisdicción
eclesiástica cuando pretendió crear una Vicaría General
castrense en la zona en litigio, ante lo cual respondió Monseñor
Mariano Holguín, obispo de Arequipa y responsable eclesiástico
con autoridad sobre Tacna y Arica, poniendo en entredicho todos los templos
de los territorios mencionados. Luego del Tratado de Lima de 1929, los
clérigos peruanos pudieron regresar a las provincias de Tacna y
Arica.
La presencia de los laicos A pesar de la presencia de la ideología liberal en entre los hombres que rigieron el destino del Perú a lo largo del siglo XIX, también hubo intentos por parte del laicado para hacer valer su presencia en el ámbito intelectual y en la vida social. El anticlericalismo manifestado por los liberales nunca llegó a los mismos extremos que en otras naciones, donde hubo, como en el caso de México, una persecución abierta contra la Iglesia. Si bien hubo bastante vociferación y proclamas abiertas de lucha contra la Iglesia, la sangre nunca llegó al río. Aun así, los liberales lograron, en la segunda mitad del siglo XIX, la eliminación del diezmo (impuesto a beneficio de la Iglesia), pero no la separación de Iglesia y Estado. Con el fin de presentar una respuesta a esta ideología anticlerical, y combatir también una especie de indiferencia religiosa generalizada, el obispo de Huánuco, Manuel Teodoro del Valle, propuso la formación de una asociación para defender a la Iglesia, que se plasmaría en la primera asamblea general de la Sociedad Católico-Peruana, reunida en abril de 1868 en la iglesia de San Francisco en Lima. Se trataba de una iniciativa donde el grueso de los participantes eran laicos católicos, y donde los clérigos sólo tenían la función de asesores y moderadores. Ese año se fundó filiales de la Sociedad en Puno, Arequipa, Huánuco, Cuzco y otras ciudades. Esta asociación se distinguía de las demás asociaciones de laicos como las cofradías, congregaciones patronales, etc. en que buscaba no solamente un fin estrictamente religioso, sino la defensa de la Iglesia en el ámbito temporal, buscando una presencia en las decisiones políticas que afectaban la vida eclesial. Este tentativa de presencia laical católica no llegó a prosperar. Luego de la pronta desaparición de la Sociedad Católico-Peruana, se fundó la Unión Católica para Damas y Caballeros, que fue la asociación laica más importante del Perú desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX. El Consejo Central de la Unión se instaló en Lima en agosto de 1888. También encontramos en Arequipa una Unión Católica para Mujeres, que se propuso en particular ayudar a los misioneros en la selva y socorrer a los pobres y a mujeres en situación difícil, y una Unión Católica para hombres en el Cuzco. Es necesario mencionar también las publicaciones católicas que se realizaron durante este período, donde hubo también una activa participación de los laicos al lado de los clérigos. Además de de los ya mencionadosEl Católico (fundado en 1855, por Bartolomé Herrera),El Progreso Católico (fundado en 1860 por Manuel Tovar y José Antonio Roca y Boloña), El Bien Público (fundado por los mismos), hay que añadir La Sociedad (que apareció entre 1870 y 1879)y La Revista Católica (aparecida en Arequipa entre los años 1877-80). De aquellas publicaciones que se prolongaron hasta este siglo, cabe mencionar El Deber de Arequipa (1890-1962),El Diario del Cuzco, El Bien Social (órgano de laUnión Católica) y El Amigo del Clero (1891-1967), revista oficial de la arquidiócesis de Lima. En 1896 fue convocado por la Unión Católica el «Primer Congreso Católico del Perú», que contó con la asistencia de más de 300 delegados de ambos sexos. Se discutió la forma de neutralizar los ataques de las posturas anticlericales, especialmente de la masonería, y se condenó la creciente propaganda protestante. Aunque no se tocó explícitamente el tema de la por entonces novedosa encíclica social de León XIII, la Rerum novarum, se mencionó las ideas sociales del Papa y se planteó una serie de iniciativas para plasmar en el ámbito social los principios de la enseñanza de la Iglesia sobre este punto. Se pensó en una cantidad de medidas para mejorar la situación de los trabajadores, las mujeres necesitadas y los indígenas, se exhortó a los propietarios de haciendas y minas a velar por el bienestar de sus trabajadores, y se resolvió crear escuelas nocturnas y dominicales para los indígenas. El Congreso también propuso la instauración de filiales de la Unión Católica en los lugares donde no aún no se había fundado, y la creación de Círculos de Trabajadores Católicos en todo el Perú. Si bien no hubo una plasmación concreta duradera de estas iniciativas, este congreso testimonia la preocupación social que había entre los católicos del siglo XIX. Entrado el siglo XX encontramos en los ámbitos intelectuales, actitudes y posiciones incompatibles con la fe cristiana. Imperaba el positivismo, doctrina que privilegia en exceso el conocimiento científico y que considera todas las manifestaciones de lo religioso como expresiones de la mentalidad de los pueblos primitivos. Posteriormente, a estas doctrinas se sumaría el socialismo marxista por medio de José Carlos Mariátegui, y el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, que tiene influencias K. Marx y de los anticlericales del siglo XIX (Francisco de Paula González Vigil y Manuel González Prada). Esta oposición a la Iglesia se manifestó abiertamente con ocasión del intento del arzobispo de Lima, Mons. Emilio Lisson, de consagrar el Perú al Sagrado Corazón de Jesús en 1922. Hubo en los medios periodísticos una oposición, liderada por Clemente Palma, hijo del tradicionalista Ricardo Palma. Este periodista, de ideas anticlericales al igual que su padre, es autor de la obra Cuentos malévolos, en algunos de los cuales introduce imágenes literarias que llegan hasta el punto de la ofensa y la blasfemia contra Jesús, el Hijo de Dios. Los artículos escritos por el periodista limeño en esta ocasión fueron acogidos con regocijo por los intelectuales y estudiantes positivistas de la Universidad de San Marcos, quienes organizaron una marcha de protesta, que tenía, además, un marcado carácter político, puesto que identificaban a la autoridad eclesiástica con el gobierno del dictador Leguía. La manifestación de los positivistas anticlericales obtuvo el fin que se proponía, llegando a impedir el acto religioso. Sin embargo, también se ha dado en el Perú algunas grandes figuras del intelecto que se convirtieron al catolicismo y desarrollaron un pensamiento en conformidad con los principios de la doctrina cristiana. Hay que mencionar en primer lugar a Víctor Andrés Belaúnde, quien pasó desde una fase anti-religiosa, pasando por un proceso de conversión, a un retorno a los principios del catolicismo, que lo llevó a ser un declarado defensor de la fe cristiana hasta el momento de su muerte en 1966. Sus principales obras son Peruanidad, La realidad peruana (en la cual polemizó con los Siete ensayos de José Carlos Mariátegui),Meditaciones peruanas, El Cristo de la fe y los Cristos literarios y La síntesis viviente. José de la Riva-Agüero, dedicado más que nada a los estudios históricos, fue uno de los intelectuales que fomentó también una aproximación a los problemas nacionales a partir de las raíces católicas. Su labor se desarrolló principalmente en la Universidad Católica, fundada en 1917 por el P. Jorge Dintilhac, sacerdote francés de los Sagrados Corazones. José Luis Bustamante y Rivero también destacó por sus ideas católicas y por su deseo de llevar a la práctica los principios de la enseñanza social de la Iglesia e iluminar a partir de ellos la problemática peruana. También se debe mencionar los esfuerzos por llevar adelante la iniciativa de la Acción Católica, que había recibido un impulso decisivo de parte del entonces Pontífice reinante Pío XI. Esta forma de propiciar el apostolado laical consistía en agrupar a los laicos bajo la asistencia de los obispos y el clero, para que colaboraran de acuerdo a su propio estado de vida con la labor pastoral, dentro de las actividades del mundo. Fueron Mons. Mariano Holguín, obispo de Arequipa, y Mons. Pedro Pascual Farfán, obispo del Cuzco, quienes dieron un verdadero impulso para la formación de la Acción Católica en el Perú. Cuando Mons. Emilio Lisson tuvo que renunciar a la arquidiócesis de Lima por presiones políticas, puesto que se lo consideraba vinculado al régimen del ex-dictador Augusto B. Leguía, Mons. Holguín fue nombrado administrador apostólico de Lima, labor que realizó durante algunos años antes de asumir el obispado de Arequipa. Fue entonces, en el año de 1935, que, junto con Mons. Farfán, tomó la iniciativa de convocar un Congreso Eucarístico Nacional, con el fin de revitalizar la fe de los católicos peruanos y fomentar la aparición de un laicado comprometido y militante. Durante casi un año, las parroquias y las diversas organizaciones católicas se prepararon para el evento, el cual tuvo un éxito indiscutible, llegando a tener una asistencia de aproximadamente 100,000 hombres y 100,000 mujeres durante los cuatro días que duró. En ese momento la población de Lima oscilaba entre los 330,000 y los 500,000 habitantes. También participaron la dos ramas de la Unión Católica, la Acción Católica de la Juventud Femenina, la Federación Arquidiocesana de Jóvenes y otros grupos. Durante este Congreso se creó formalmente la Acción Católica en el Perú como organización nacional. Se propuso impregnar de contenido cristiano la familia, la universidad, la profesión, el mundo del trabajo. Podemos decir, pues, que el I Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en Lima a fines de octubre de 1935, fue un acontecimiento que marcó sin duda el principio de una renovación del catolicismo en el Perú: una nueva era de difusión apostólica, de mayor creatividad por parte de laicos y sacerdotes, de impulso a las manifestaciones varoniles de la fe (en un ambiente en que, desde antiguo, los hombres se retraían de la profesión abierta de catolicismo y de la práctica sacramental); época, en fin, de despertar de iniciativas llamadas a proyectar el espíritu de la Iglesia en la vida del país. Recogemos las palabras que por esa época escribiera Víctor Andrés Belaúnde en su artículoEl renacimiento intelectual católico en Hispano-América: «La feliz iniciativa del ilustre Arzobispo de Lima, de celebrar un Congreso Eucarístico Nacional, secundada con entusiasmo por las damas y grupos de intelectuales, vino a revelar cuán fuertes y hondas eran las reservas del sentimiento católico del país. El Congreso adquirió todos los caracteres de un inmenso triunfo.La población entera de la capital del Perú se movilizó en honor de Jesús Eucaristía. Un aliento místico sopló sobre la ciudad arrastrando a los indiferentes y tibios y produciendo numerosas y resonantes conversiones. Desde el punto de vista moral, el Congreso cerró el paréntesis que abrió el antiguo volterianismo, que acentuó el radicalismo y que quisieron prolongar el positivismo y el materialismo histórico. El triunfo del Congreso Eucarístico ha revelado que el catolicismo predomina no sólo en las multitudes y en el sexo femenino, sino en las élites de hombres de pensamiento o de trabajo. El alma nacional peruana es esencialmente católica». Más allá de las multitudinarias concentraciones del Congreso y de sus lados emotivos, la magna asamblea católica dejó, pues, semillas de auténtica renovación cristiana. No todas llegaron a fructificar.
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